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jueves, 14 de junio de 2012

El medio ambiente en los tribunales de justicia

La normativa y las leyes establecen un marco júrídico de referencia y de garantías general para todos los ciudadanos. Por ello no debe ser modificado al arbur de intereses particulares y políticos, como por lamentablemente está ocurriendo en los últimos tiempos en nuestro país, con diversos proyectos (urbanísticos, de infraestructuras de transporte, de energías renovables...) paralizados y metidos en procedimientos judiciales, y que sin duda ponen de manifiesto una crisis institucional en la que parece ser que las administraciones responsables no siempre cumplen debidamente con sus cometidos.

En estos casos lo habitual es que se juzge a los promotores pero también a las administraciones competentes que, no olvidemos, son quienes determinan si un proyecto puede llevarse a cabo o, en su defecto, quien debe velar por que todos los proyectos de ejecuten dentro del marco legal vigente. Precisamente, lo grave de estos casos es que sea la propia Administración la que realmente se vea en los tribunales.



Cuando un proyecto acaba en los tribunales, lo normal es que se paralice por tiempo indefinido, lo cual puede comprometer, en primer lugar la viabilidad del proyecto. Si el proyecto está en fase de planificación las consecuencias pueden ser asumibles pero si el proyecto ya está en marcha, o lo que es peor, ya está ejecutado, la situación puede ser dramática. Por un lado, por parte de los promotores, puede que se vaya al traste la viabilidad del proyecto, y las pérdidas económicas pueden ser cuantiosas, pues puede darse el caso de que no quede posibilidad de recuperar la inversión (consecuencias judiciales al margen). Por otro lado, están los intereses generales, pues los efectos ambientales y sociales del proyecto pueden ser muy signficativos sobre el territorio afectado y, en muchos casos, la recuperación a la situación inicial puede ser muy compleja, tanto en términos técnicos como ambientales. Además, la lentitud de nuestro sistema jucidial hace que en muchas ocasiones las sentencias lleguen tarde, lo cual complica todavía más las cosas.

El caso del Algarrobico es paradigmático en este sentido, donde todo parece apuntar que las motivaciones y justificaciones que permitieron la construcción de dicho projecto se realizaron bordeando o completamente al margen del planeamiento urbanístico del municipio y otra serie de normativas, pero con el apoyo, velado o directo, de las adminstraciones públicas (a diferentes niveles).  El proyecto podrá seguir dando vueltas por los tribunales durante algún tiempo más pero, tarde o temprano, alguien deberá asumir responsabilidades.

En definitva, la mejor forma de garantizar la viabilidad de cualquier proyecto es ajustarse, de primeras, al régimen normativo vigente y atenerse a los criterios técnicos, económicos, ambientales y legales que determinen si el mismo puede llegar o no a buen fin. Para ello, el procedimiento de Evualuación de Impacto Ambiental no debe considerarse como un mero trámite administrativo sino como una herramienta fundamental para planificar cualquier proyecto.

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